28 | 03 | 2011

En los próximos días, la Corte Constitucional tomará una decisión sobre el delicado tema de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. La cuestión es muy seria y exige responsabilidad para tratarla. No parece bien que nueve magistrados, que en el fondo representan sus propias convicciones, modifiquen el concepto de familia y la misión que le corresponde.

La Iglesia quiere que se reconozcan y sean eficazmente defendidos los legítimos derechos de todos los colombianos, sin ninguna discriminación. Más aún, condena todo eventual acto de maltrato social o de violencia contra personas homosexuales. Sin embargo, no acepta que se considere que una pareja homosexual tenga la relación jurídica y social semejante a la que existe entre un varón y una mujer.

Por tanto, la adopción por parte de homosexuales no responde a los valores fundamentales de la sociedad, ni cumple en sentido natural las tareas por las cuales el matrimonio y la familia merecen un reconocimiento específico y cualificado. La ausencia de la bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal de los niños al carecer de una presencia paterna y materna.

Así como naturalmente resulta imposible la generación de hijos sin padre o sin madre, también la configuración de muchos aspectos, de la personalidad y de la conducta del niño, piden la compañía y ayuda de uno y otro sexo. Privar de ese punto de referencia supone discriminar a unos niños con relación a otros. En definitiva, no es el Estado, ni la Iglesia, ni la Sociedad quienes niegan a los homosexuales la posibilidad de adoptar, sino la naturaleza misma de las cosas.

De otra parte, negar la adopción de menores a parejas homosexuales no es un acto discriminatorio que prive de un derecho. La adopción es una institución para el beneficio de los menores que deben ser protegidos y no para satisfacer los deseos de los adoptantes. Por eso, tampoco para las personas heterosexuales la adopción es un derecho; siempre será una responsabilidad social. El derecho lo tienen los niños huérfanos a recibir protección de la sociedad y a ser criados y educados en una familia.

No es, pues, oportuno ni conveniente que la Corte Constitucional acepte el llamado matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Debemos estar atentos a éstas y a otras posibles iniciativas que afecten el orden natural de la vida, el matrimonio y la familia. No es admisible que el concepto de familia, como lo presenta la visión cristiana, sea considerado retardatario, insuficiente y caduco.

Para nosotros la familia, a partir de la unión matrimonial del varón y la mujer, es y será la célula primordial de la sociedad, la Iglesia doméstica en la que se transmite la fe, y un verdadero patrimonio de la humanidad. Pensando en el bien común y procurando evitar consecuencias irreversibles que se puedan producir en la comunidad humana, es necesario exigir la defensa de las instituciones y valores que constituyen el fundamento de una sociedad justa, estable y pacífica.