28 | 03 | 2011
En los próximos
días, la Corte
Constitucional tomará una decisión sobre el delicado tema de
la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. La cuestión es muy
seria y exige responsabilidad para tratarla. No parece bien que nueve
magistrados, que en el fondo representan sus propias convicciones, modifiquen
el concepto de familia y la misión que le corresponde.
La Iglesia quiere que se
reconozcan y sean eficazmente defendidos los legítimos derechos de todos los
colombianos, sin ninguna discriminación. Más aún, condena todo eventual acto de
maltrato social o de violencia contra personas homosexuales. Sin embargo, no
acepta que se considere que una pareja homosexual tenga la relación jurídica y
social semejante a la que existe entre un varón y una mujer.
Por tanto, la
adopción por parte de homosexuales no responde a los valores fundamentales de
la sociedad, ni cumple en sentido natural las tareas por las cuales el
matrimonio y la familia merecen un reconocimiento específico y cualificado. La
ausencia de la bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal de los
niños al carecer de una presencia paterna y materna.
Así como
naturalmente resulta imposible la generación de hijos sin padre o sin madre,
también la configuración de muchos aspectos, de la personalidad y de la
conducta del niño, piden la compañía y ayuda de uno y otro sexo. Privar de ese
punto de referencia supone discriminar a unos niños con relación a otros. En
definitiva, no es el Estado, ni la
Iglesia, ni la
Sociedad quienes niegan a los homosexuales la posibilidad de
adoptar, sino la naturaleza misma de las cosas.
De otra parte,
negar la adopción de menores a parejas homosexuales no es un acto
discriminatorio que prive de un derecho. La adopción es una institución para el
beneficio de los menores que deben ser protegidos y no para satisfacer los
deseos de los adoptantes. Por eso, tampoco para las personas heterosexuales la
adopción es un derecho; siempre será una responsabilidad social. El derecho lo
tienen los niños huérfanos a recibir protección de la sociedad y a ser criados
y educados en una familia.
No es, pues,
oportuno ni conveniente que la Corte Constitucional acepte el llamado matrimonio
homosexual y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Debemos
estar atentos a éstas y a otras posibles iniciativas que afecten el orden
natural de la vida, el matrimonio y la familia. No es admisible que el concepto
de familia, como lo presenta la visión cristiana, sea considerado retardatario,
insuficiente y caduco.
Para nosotros la
familia, a partir de la unión matrimonial del varón y la mujer, es y será la
célula primordial de la sociedad, la
Iglesia doméstica en la que se transmite la fe, y un
verdadero patrimonio de la humanidad. Pensando en el bien común y procurando
evitar consecuencias irreversibles que se puedan producir en la comunidad
humana, es necesario exigir la defensa de las instituciones y valores que
constituyen el fundamento de una sociedad justa, estable y pacífica.