LICENCIA PARA MATAR
04 | 05 | 2015
Con un proceso bien calculado y conducido, obedeciendo a los planes internacionales que con intereses ideológicos, políticos y económicos están contra la vida, hemos llegado, el pasado 20 de abril de 2015, a la Resolución 1216 del Ministerio de Salud que legaliza y determina la aplicación de la eutanasia. Este Protocolo es fruto de la sentencia T-970 (2014), la cual, a su vez, tiene origen en la sentencia C-239 (1997) de la Corte Constitucional sobre "homicidio por piedad". El acto se presenta viciado pues no se acudió al debido ordenamiento legislativo, ni se le hizo el necesario debate público a una decisión que compromete convicciones profundas de la mayoría de los colombianos.
En nombre del pluralismo, del secularismo y de la libertad, se
llega, en primer lugar, a dejar a los familiares del enfermo, que está
inconsciente, la posibilidad de terminar su vida, y después, a establecer
comités, sin objeción de conciencia, no
para defender la vida sino para supervisar la muerte. La primera pregunta que
surge es ésta: ¿Tiene el Ministro de Salud autoridad legítima para dar licencia
para asesinar? Podemos preguntarnos también: ¿Quién puede determinar realmente
cuándo y cómo una persona debe terminar su vida? ¿Al reducirse las garantías
para defender la vida, no se dará en Colombia, como ya acontece en otros
países, que se aproveche la ley para deshacerse de personas que resultan
incómodas o para apropiarse de sus bienes?
La licencia para matar o para suicidarse no es una exigencia de la
libertad. Si la libertad,
entendida como la capacidad del ser humano para hacer cualquier cosa
que quisiera, fuese fuente absoluta e incondicionada de derechos, no existirían
los ordenamientos jurídicos, ni la sociedad, ni el Estado, pues cada persona
determinaría por sí misma lo que es justo o injusto, bueno o malo,
permitido o prohibido. La Iglesia mantiene, por tanto, la convicción de que
jamás es lícito matar a un paciente, para no verlo sufrir o porque él lo pide.
Sin embargo, es lícito dejar de aplicar tratamientos
desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda
actividad cerebral.
La
Iglesia tiene que seguir defendiendo, no por apego a una religiosidad
trasnochada o a visiones ya superadas, la inviolable dignidad de la persona
humana, señalando la grandeza de la vida en todos los estadios de su existencia
y mostrando las implicaciones de su destino trascendente. Hay mucha vida en
cada vida. Nadie puede decir cuándo hay méritos o calidad para mantenerla o
terminarla. En nombre de la libertad y de la “calidad de vida” se puede dar
rienda suelta al egoísmo, manipular inmisericordemente al ser humano y cometer
verdaderos crímenes. Detrás de la defensa de la eutanasia hay una visión
materialista y utilitarista de la persona humana y está el abuso de legislar
sobre derechos que no se tienen.
Desde noviembre de 2012 le hacía ver a la Arquidiócesis que llegaría este
momento y pedía una seria reflexión a las Universidades Católicas, un trabajo
decidido de formación en los Seminarios y en los encuentros sacerdotales sobre
esta materia, a fin de tener ideas claras, de poder aportar a los debates
públicos y de saber orientar a los políticos y al personal médico con criterios
válidos, desde el ámbito humano y racional, en la defensa de la vida. Tal vez no fue escuchado mi llamamiento.
Ahora, más que nunca, seguimos ante el desafío de evangelizar una sociedad cada
vez más marcada, aun con el apoyo de la ley, por la “cultura” de la muerte. Si
no queremos caer en la anarquía, es preciso lograr que la humanidad respete el
valor sagrado de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
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Ricardo Tobón Restrepo
Arzobispo
de Medellín