MISIÓN AL AIRE

EUTANASIA ACTIVA Y SUICIDIO ASISTIDO

26 | 11 | 2012

Recientemente ha sido radicado en el Senado de la República el proyecto de ley 70/2012, que pretende reglamentar en Colombia la práctica de la eutanasia activa y del suicidio asistido. Este proyecto de ley se presenta como una “necesaria regulación” de la sentencia 239 de 1997 de  la Corte Constitucional que despenalizó la eutanasia en un caso específico, cuando el enfermo terminal solicita reiteradamente, con plena libertad y consciencia, a su médico tratante, la terminación anticipada de su vida con el fin de evitar el sufrimiento. Sin embargo, el texto que ahora se propone establece nuevas especies y procedimientos que legalizan ampliamente la práctica del homicidio eutanásico en el país.

 En los últimos años hemos visto avanzar un plan, a nivel mundial, para legalizar el aborto, para legitimar la eutanasia y para propiciar la instrumentalización de la vida embrionaria. Detrás de este plan hay intereses ideológicos, políticos y económicos. Para imponerlo se emplean con frecuencia engaños y verdades parciales, con apariencia de cientificidad, que se difunden a través de diversos medios. Con estas confusiones y manipulaciones del lenguaje se busca ganar a legisladores y jueces,  desconcertar al personal sanitario y polarizar la opinión pública al servicio de la “cultura” de  la muerte.

 Es así como para muchos resulta difícil discriminar con claridad valoraciones jurídicas, conductas éticas y actuaciones correctas, sobre todo, en situaciones límite de sufrimiento que suscitan una gran sensibilidad y que tienen amplia difusión mediática. Se puede llegar, por ejemplo, a no distinguir la conducta eutanásica del acto legítimo de limitación del esfuerzo terapéutico. Es pues de gran importancia tener ideas claras porque, según el significado que se le dé al término eutanasia, su práctica puede aparecer ante la gente como un crimen horrendo o como un acto de humanidad y solidaridad.

 Contribuye a que se acepte la eutanasia la mentalidad individualista que se impone con frecuencia, la visión hedonista que quiere equiparar vida digna con vida sin sufrimiento, la equivocada comprensión de la libertad como capacidad de decidir cualquier cosa que el individuo juzgue necesaria o conveniente. Desde estos parámetros se concluye que “mi vida es mía y nadie puede decirme lo que tengo que hacer con ella” o “yo decido cuándo mi vida no merece ya la pena” o “a nadie se le puede obligar a vivir una vida sin calidad”. Por eso, los católicos debemos presentar el sentido y el valor de la vida y poner en evidencia los peligros que la legalización de la eutanasia puede traer para la sociedad.

 Una sociedad que acepta la terminación activa de la vida en razón de la precariedad de la salud niega la dignidad y los derechos de las personas enfermas o disminuidas violando el principio de igualdad que sustenta la convivencia ciudadana de un Estado. De otra parte, establece el permiso para asesinar. Igualmente, crea una presión moral institucionalizada sobre los ancianos y quienes se puedan sentir una carga para sus familiares o para la comunidad. Así mismo, puede generar un clima de desconfianza y de temor frente a la propia familia y a las instituciones sanitarias que estarían en la posibilidad de matar, máxime cuando son frecuentes las crisis económicas en el sector de la salud.

El momento que vivimos, nos llama a propiciar una seria reflexión en las universidades católicas, en los encuentros sacerdotales, en los seminarios y en los grupos apostólicos sobre la eutanasia y sus implicaciones éticas, jurídicas y médicas, de tal modo que podamos aportar al debate público, a los políticos que deben tomar graves decisiones, al personal vinculado a los centros sanitarios y a tantas personas que necesitan orientación, no sólo las consideraciones que se derivan de nuestra fe, sino también motivaciones válidas y convincentes en el campo humano y racional para hacer una opción clara por la defensa de la vida y la dignidad de la persona humana.

DIRECTORIO ARQUIDIOCESANO

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