23 | 07 | 2012

De nuevo, nos hemos reunido los Obispos de Colombia en la Asamblea de la Conferencia Episcopal. La Asamblea es una ocasión privilegiada para vivir la comunión de todas las Iglesias particulares de la nación, para reflexionar sobre diversos temas que revisten particular interés y para asumir decisiones o ejercer unidos algunas funciones pastorales. La Conferencia Episcopal busca estar atenta al desarrollo social, cultural y político del país, analizando la forma en que los acontecimientos que se viven inciden en la misión pastoral de la Iglesia y  afectan al bien común.

En esta ocasión, hemos querido, en primer lugar, revisar y actualizar las “Normas Complementarias” que expresan el consenso de los Obispos del país en aquellas materias que el Código de Derecho Canónico deja a la determinación de cada Conferencia Episcopal. La formulación de estas normas es la expresión de la responsabilidad colegial frente a la vida de la Iglesia, a nivel universal y local. Así se aprovecha también el recurso jurídico para, respetando las competencias de cada obispo diocesano, asumir el gobierno de las diversas jurisdicciones no de un modo aislado, sino con un compromiso de verdadera comunión.

La actualización de estas normas complementarias, que ahora pasan a la aprobación de la Santa Sede y que luego se aplicarán en las diversas diócesis, son un ejercicio del ministerio de enseñar, santificar y pastorear al que estamos llamados los Obispos. Debemos recordar, en efecto, que el acatamiento fiel y responsable de las disposiciones de la Iglesia en las diversas materias en que legisla nos evita la dispersión de fuerzas que merma la eficacia apostólica, la contradicción o la ambigüedad por disparidad de criterios y, sobre todo, los desastres que produce la falta de comunión en la conducción del Pueblo de Dios.

En segundo lugar, en la pasada Asamblea, nos dedicamos a estudiar los grandes retos pastorales que nos plantea el acelerado desarrollo minero y energético en Colombia. De una parte se ve la creciente necesidad de energía en el país, la oportunidad económica que surge de la mayor demanda de materias primas y la fuente laboral que es la minería. Pero, de otra, se constata el creciente desequilibrio entre el desarrollo de la minería y el desarrollo humano, que produce nuevas pobrezas y graves problemas de salud para algunos sectores de la población.

Igualmente, se constata que crece la minería ilegal, que hay proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas sin el debido enfoque social, que en algunos lugares la minería se está volviendo un detonante de conflictos generadores de nuevas violencias, que se está aprovechando la riqueza minera para financiar grupos armados por fuera de la ley, que se tiene frecuentemente un modelo minero de extracción sin suficiente desarrollo tecnológico y que estamos propiciando una alarmante y, en algunos casos, irreparable destrucción de la naturaleza.

Ante esta realidad, el Mensaje de la Conferencia Episcopal propone: “Repensar creativamente un nuevo modelo de desarrollo que tenga como centro el respeto de la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales; que responda a las necesidades actuales pero que garantice su sostenibilidad para las generaciones futuras; no vale un modelo de riqueza para hoy y pobreza para mañana. Un modelo con criterios morales y éticos, que haga de Colombia un estado social de derecho, que responda a las necesidades de toda la población y que asuma el cuidado de la creación que Dios nos entregó para administrarla con responsabilidad”.