06 | 02 | 2017

Al comienzo de este mes, por Ley 1801 de 2016, ha entrado en vigor el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.  Es un instrumento que ayuda a las autoridades y a los ciudadanos a resolver los conflictos que se pueden presentar en la interrelación social y que llevan luego, con frecuencia, a problemas de carácter judicial o penal. El conocimiento y la debida aplicación de esta herramienta pueden aportar mucho a mantener condiciones de seguridad y de tranquilidad para todos los habitantes de un territorio.

Ordinariamente, se entiende por convivencia ciudadana la interacción pacífica, respetuosa, armoniosa y positiva entre las personas que tienen bienes en común, que habitan un mismo ambiente y que se rigen por un mismo ordenamiento jurídico. Cuidar la convivencia entre las personas es promover el respeto a la dignidad de cada ser humano, es enseñar el ejercicio responsable de la libertad, es poner en marcha mecanismos que protejan a los más vulnerables, que garanticen la seguridad de todos y que defiendan el medio ambiente.

Por tanto, para una buena convivencia no basta tener e imponer unas normas. Ese importante recurso precisa también una educación a fondo y un serio compromiso por parte de todos. La educación para la convivencia es un proceso que implica criterios, decisiones y acciones intencionales y sistemáticas encaminados permanentemente al desarrollo personal y comunitario. En definitiva, es una educación en valores esenciales como la honestidad, la benevolencia, el respeto, la cooperación, la justicia y la responsabilidad.

La convivencia se da cuando en toda la sociedad se asumen de una manera consciente, pacífica y creativa objetivos que lleven a trabajar por el cultivo integral de cada persona humana para que alcance habilidades personales y sociales, a promover el conocimiento y la defensa de los derechos humanos, a implantar valores democráticos que hagan posible la igualdad y la participación de los ciudadanos, a tratar los conflictos mediante el diálogo y el acuerdo, a comprometerse con un verdadero modelo de desarrollo que favorezca el bien común y cuide los recursos naturales.

No podemos esconder que situaciones que padecemos como la injusticia social, la extorsión y el robo, la violencia, el atropello a los más débiles, la corrupción en todas sus formas, el aumento de la drogadicción, la imposición de un estilo de vida marcado por el ruido y la superficialidad, manifiestan que todavía no sabemos convivir y que se requiere con urgencia una educación profunda para hacer juntos el camino de la vida. Las normas son muy útiles porque orientan, pero no basta prohibir y reprimir.

Es preciso promover una nueva cultura que instale en lo profundo de la sociedad una armoniosa convivencia. En este propósito nos tenemos que comprometer todos. El proceso debe comenzar en la familia, continuar en la escuela, verse apoyado en los diversos grupos sociales, estar presente en los medio de comunicación, ser asumido prioritaria y coherentemente por las autoridades. También la Iglesia Católica debe cooperar a fondo en esta tarea de educar y de promover una cultura para la convivencia.

En concreto, pido que en todas las parroquias e instituciones diocesanas seamos modelo de una armoniosa convivencia, que se hagan campañas para enseñar los criterios y valores que nos ayudan a respetarnos y a crecer personal y socialmente, que se ahonde en la pastoral familiar, que se promuevan aun más los grupos juveniles, que se enseñe a las personas a vivir sus deberes y a exigir sus derechos, que se aprovechen todas las iniciativas de evangelización para una suscitar una mayor solidaridad entre las personas de los sectores y los barrios, que sigamos orando para que aprendamos definitivamente a ser hermanos.