MISIÓN AL AIRE

NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR

DECRETO Nº 108G/13 

RICARDO TOBÓN RESTREPO

POR GRACIA DE DIOS Y VOLUNTAD DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO DE MEDELLÍN

 

CONSIDERANDO

 Que por mandato de nuestro Señor Jesucristo y a ejemplo suyo, los menores de edad deben ser tratados con el más alto respeto y cuidado por parte de la Iglesia, evitándoles, bajo gravísima admonición, derivada tanto de la ley natural como de las enseñanzas del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, cualquier escándalo.

Que la Iglesia Católica en Colombia ha asumido la tarea de favorecer un ambiente eclesial seguro para los menores de edad estableciendo medidas eficaces de prevención de eventuales casos de delito sexual.

Que se ha buscado optimizar los procedimientos para investigar y sancionar los delitos de abuso sexual cometidos por clérigos y que, igualmente, se han ido implementando mecanismos de acompañamiento a las víctimas para conducirlas a la sanación espiritual y al perdón.

Que además de acoger las disposiciones que en materia de abuso sexual a menores ha dado la Santa Sede se hace necesario establecer, en la Arquidiócesis de Medellín, unas normas para la protección de menores.

DECRETA

ARTÍCULO ÚNICO:

Se establecen, para la Arquidiócesis de Medellín, las Normas para la Protección de Menores cuya copia se adjunta al presente Decreto.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 Dado en la ciudad de Medellín, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil trece.

 

+ RICARDO TOBÓN RESTREPO

Arzobispo de Medellín

 

Pbro. ÓSCAR AUGUSTO ÁLVAREZ ZEA

Canciller Arquidiocesano

  

Arquidiócesis de Medellín

 Normas para la Protección de Menores

 1. Introducción

La Arquidiócesis de Medellín agradece al Señor el testimonio de sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos que han entregado su vida al cuidado y formación de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Abundantes son, en efecto, las obras e iniciativas arquidiocesanas consagradas a la protección y ayuda de los más pequeños y vulnerables.

No obstante, es lamentable constatar que pese a los preceptos del Evangelio y de la doctrina católica, a la formación que se imparte en los seminarios ya las advertencias habituales que hacen los superiores, se presenta hechos dolorosos que afectan gravemente la vida de las personas y de la Iglesia. Esto hace necesario establecer normas que ayuden a afrontar y a tomar los debidos correctivos cuando se presentan casos de abuso sexual de menores de edad, particularmente, por parte de clérigos.

De acuerdo con lo establecido por el Papa Juan Pablo II, la Iglesia de Medellín afirma sin vacilaciones que no hay lugar en el sacerdocio para quienes dañan a los jóvenes y abusan de los menores. Por ello, a través de estas normas, ratifica el compromiso de seguir velando por su bien espiritual y moral, y de protegerlos de cualquier abuso o maltrato.

2. Concepto de abuso sexual

2.l. Se entiende por “abuso de menores”, a tenor del canon l395, § 2, del Código de Derecho Canónico (CDC) y de las normas del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (MP SST), Art. 6, § 1, n. 1, el delito contra el sexto mandamiento del decálogo cometido con un menor de 18 años de edad. Se equipara al menor la persona que habitualmente tiene uso imperfecto de la razón.

2.2. Constituye, así mismo, abuso de menores, y como tal delito grave contra la moral, la adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años, en cualquier forma y con cualquier instrumento (MP SST Art. 6, § 1, n. 2).

2.3. Si las acciones surgen por iniciativa o provocación de los menores de edad o son consentidas por ellos, permanece la responsabilidad y el delito en los adultos que las cometen.

3. Normativa de la Iglesia universal

Para el tratamiento de eventuales acusaciones de abuso de menores, la Arquidiócesis de Medellín se rige por las normas que la Sede Apostólica ha establecido a propósito de la recepción de denuncias, la investigación previa y la remisión de casos a la Congregación para la Doctrina de la Fe

Se trata, en particular, de las disposiciones contenidas en el Código de Derecho Canónico; en el Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (Normae degravioribus delictis), promulgado por el Papa Juan Pablo II el 30 de abril de 2001; y en las modificaciones que, a este mismo decreto, introdujo el Papa Benedicto XVI y que fueron promulgadas el 21 de mayo de 2010. También se tiene en cuenta la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe a las Conferencias Episcopales con indicaciones para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero, publicada el 3 de mayo de 2011.

Las presentes normas no sustituyen ninguna de las disposiciones canónicas establecidas por la Santa Sede, sino que las explicita y las aplica.

4. Recepción de las denuncias

Los responsables de los organismos arquidiocesanos han de estar siempre dispuestos para escuchar y atender las denuncias relacionadas con el abuso sexual de menores, y a orientar las hacia el Vicario General de la Arquidiócesis, quien coordinará todo lo relacionado con la protección de menores.

Las denuncias que se hacen por abuso sexual a menores deben estar soportadas en pruebas, evitando, bajo grave deber de conciencia, hacer acusaciones temerarias o falsas, así como divulgar los detalles que puedan afectar la tranquilidad de los menores.

Se tendrá cuidado de proteger los derechos de todas las partes implicadas y de dar a los clérigos acusados la oportunidad de conocer las denuncias y de defenderse. Cuando se ha probado que una acusación es infundada, se adoptarán medidas para restaurar el buen nombre de la persona falsamente acusada, aún acudiendo a una demanda ante un tribunal civil.

No se dará trámite a acusaciones anónimas.

5. Funciones del Vicario General como responsable de la protección de menores

5.1. Recibir eventuales denuncias de delito sexual contra un menor por parte de un clérigo que ejerza su ministerio en el ámbito de esta jurisdicción eclesiástica.

5.2. Llevar el registro y archivo de las eventuales denuncias. La documentación de cada caso será conservada en el archivo secreto de la curia diocesana, de conformidad con las normas universales sobre registro de documentos confidenciales(cfr. CIC, cc. 489 y 1719). La documentación no podrá ser fotocopiada ni reproducida digitalmente sin permiso expreso del Arzobispo.

5.3. Dirigir, en coordinación con la Vicaría Judicial de la Arquidiócesis, a menos que el Arzobispo decida diversamente en un caso particular, la investigación preliminar de acuerdo a los criterios establecidos en la normativa de la Iglesia.

5.4. Asesorar al Arzobispo en la valoración de las acusaciones y en la determinación de la oportunidad de aplicar medidas cautelares (cfr. CIC, c.1722).

5.5. Proponer medidas orientadas a la protección de menores y vigilar la observancia de las mismas.

Para el cumplimiento de su misión el Delegado podrá contar, previa aprobación del Arzobispo, con la ayuda de profesionales especialistas en Derecho Canónico, Derecho Penal y Civil, Psicología, Teología Moral y Ética.

6. Cooperación con las autoridades civiles y responsabilidad individual

La Arquidiócesis de Medellín cumple con todas las leyes civiles vigentes. Por ello, advertirá a los denunciantes sobre el derecho que tienen a llevar las acusaciones también a las autoridades civiles.

Tal advertencia quedará consignada por escrito y deberá ser firmada por el denunciante o por la presunta víctima. Si se trata de un menor de edad, la advertencia será firmada por sus padres o tutores legales.

Por ningún motivo se intentará disuadir al denunciante, a la presunta víctima o a su familia de denunciar el caso ante las autoridades civiles. No se podrán suscribir acuerdos que exijan confidencialidad, de hechos o personas, a las partes involucradas en acusaciones de abuso sexual de menores por parte de un clérigo.

Las acciones del acusado y sus consecuencias civiles o penales, incluido el posible resarcimiento de daños, son responsabilidad personal del clérigo que ha cometido el crimen y no de la Iglesia particular, ni de cualquiera otra institución de la Arquidiócesis.

7. Proceso canónico

Siguiendo las normas establecidas en el Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela vigente, la Arquidiócesis de Medellín, tras haber recibido una denuncia de abuso sexual de un menor por parte de un clérigo, seguirá estos pasos:

7.1. Apertura y desarrollo de la investigación preliminar, la cual tiene por objeto determinar la verosimilitud de las denuncias.

7.2. Examen de las conclusiones de la investigación preliminar.

7.3. Remisión del proceso a la Santa Sede, en caso de que la acusación resulte verosímil.

7.4. Ejecución de las disposiciones emanadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

La descripción detallada de este proceso se encuentra en el anexo l.

8. Evaluación de los clérigos

La Arquidiócesis de Medellín cumplirá con el deber de evaluar atentamente los antecedentes de todos los clérigos que ejerzan su ministerio en esta jurisdicción, incluso temporalmente. En particular:

8.1. Cuando tenga lugar el traslado de un clérigo proveniente de otra circunscripción eclesiástica, se solicitará al Obispo de la Diócesis de proveniencia informar sobre la eventual existencia de acusaciones de abuso sexual en su contra y, si las hubiere, sobre el estado de las mismas.

8.2. La misma medida se seguirá con los superiores de un instituto religioso o de sociedad de vida apostólica, cuando propongan un clérigo de su comunidad para ejercer un cargo pastoral en la Arquidiócesis de Medellín.

Se hará un seguimiento a eventuales manifestaciones de abuso que puedan presentar los clérigos frente a los menores de edad, sin dejar de tener en cuenta posibles provocaciones y engaños de los mismos niños y adolescentes.

9. Atención a las víctimas

El Vicario General de la Arquidiócesis de Medellín, como responsable de la protección de menores, coordinará la asistencia y el cuidado pastoral de las personas que afirman haber sufrido abuso sexual siendo menores de edad, de parte de los clérigos vinculados a esta Iglesia particular.

Para realizar eficientemente esta labor, que es ante todo un acompañamiento espiritual adecuado que lleve a la sanación y al perdón, contará con los medios necesarios. Igualmente, podrá asesorarse de especialistas en psicología y psiquiatría, si lo ve conveniente.

10. Normas para empleados y voluntarios que trabajan en la Arquidiócesis de Medellín

Los empleados y voluntarios que prestan diversos servicios en la Arquidiócesis de Medellín han de procurar que en sus relaciones interpersonales y en toda circunstancia se reflejen los ideales del Evangelio. En concreto, para propiciar que los niños y niñas disfruten de un ambiente seguro mientras participan en las actividades ec1esiales, tienen el deber de:

10.1. Ofrecer buen ejemplo a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, conforme a las enseñanzas del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia.

10.2. Tratarlos con madurez afectiva y respeto profundo, evitando demostraciones inconvenientes de afecto.

10.3. Evitar con ellos cualquier tipo de situaciones, expresiones o acciones de doble sentido que puedan prestarse a tergiversaciones o malas interpretaciones.

10.4. Gestionar el permiso escrito de los padres o los tutores legales para que los niños y niñas participen en actividades que se realicen fuera de la parroquia o de las instituciones arquidiocesanas.

En la misma línea, se prohíbe a dichos empleados y voluntarios:

10.5. Tener con los menores contactos físicos impropios.

10.6. Encerrarse en cualquier sitio con un menor.

10.7. Privilegiar con favoritismos a menores de edad.

10.8. Alojar a menores de edad en las casas curales o en cualquiera otra residencia sacerdotal o pastoral.

10.9. Llevar como acompañante único a un menor de edad.

10.10. Administrar cualquier tipo de medicamento sin el consentimiento explícito de los padres del menor o, en caso de urgencia, sin la asesoría de un profesional de la salud.

10.11. Desarrollar actividades con menores bajo la influencia de narcóticos o del alcohol.

10.12. Suministrar alucinógenos, bebidas alcohólicas o tabaco a los menores.

10.13. Escuchar música u observar cualquier material con contenido pornográfico o de incitación sexual en compañía de un menor, aún con pretextos educativos o artísticos.

10.14. Someter a los menores a castigos físicos o humillantes.

10.15. Trivializar o exagerar el asunto del abuso de los menores.

Para la selección de empleados y voluntarios al servicio de la Iglesia arquidiocesana, el Vicario General a nivel de curia y los responsables de las parroquias y demás instituciones, implementarán en los procesos de selección del personal los mecanismos idóneos que apunten a proteger a los menores de abusos o maltratos.

Igualmente, se hará un seguimiento a eventuales manifestaciones de abuso que puedan presentar los empleados y voluntarios que trabajan en la Arquidiócesis frente a los menores de edad, sin dejar de tener en cuenta posibles provocaciones y engaños de los mismos niños y adolescentes.

Como prueba de acatamiento y de responsabilidad en esta materia, todos firmarán un documento en el que conste que conocen, aceptan y se comprometen con estas normas (cfr. anexo 2), dejando claro que ninguna autoridad en la Iglesia tolera, comparte, promueve, autoriza o siquiera trivializa el abuso y el maltrato a los menores.

Anexo 1

Itinerario del Proceso Canónico

1. APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

1.1. La decisión de iniciar la investigación preliminar corresponde al Arzobispo, oído el parecer del Promotor de Justicia, y teniendo en cuenta que el c. 1717 §1 ordena que: “siempre que el ordinario tenga noticia, al menos verosímil de un delito debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias, así como la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua”.

1.2. Si el Arzobispo decide iniciar la investigación preliminar, lo hará mediante Decreto en el que nombre la o las personas idóneas para llevarla acabo, teniendo en cuenta que él mismo puede asumir personalmente la investigación (cfr. art.10, c), 29 y CIC, c. 1717).

1.3. A menos que existan motivos graves en contra, el Decreto de apertura de la investigación será notificado por escrito y lo antes posible al clérigo acusado. Se le recordará el principio de presunción de inocencia y se le advertirá que no debe comunicarse con el acusador o acusadores ni con la presunta víctima o su familia. Del mismo modo, se le recomendará buscar la asesoría de un experto canonista.

1.4. Durante el proceso de investigación preliminar se respetará siempre el derecho del acusado a contar con una defensa idónea. En consecuencia, a no ser que el Arzobispo juzgue que existen graves razones en contra, desde la primera fase de la investigación el acusado debe ser informado de las imputaciones en su contra, dándole la oportunidad de responder a cada una. La prudencia del Arzobispo decidirá cuál información deberá ser comunicada al acusado.

Si el Arzobispo juzga que existen razones para limitar la información que se da al acusado, se le hará notar que, si al concluir la investigación preliminar las acusaciones no son descartadas como infundadas y se sigue un proceso judicial o administrativo, tendrá conocimiento de las acusaciones y pruebas que se presenten contra él y la posibilidad de contradecirlas.

1.5. En todo momento del procedimiento disciplinar o penal se debe asegurar al clérigo acusado un adecuado acompañamiento espiritual y se le brindarán, de acuerdo con las circunstancias de cada circunscripción, los medios necesarios para una adecuada manutención.

1.6. Se debe evitar que la investigación preliminar ponga en peligro la buena fama de las personas (cfr. CIC, c. 1717, 2). Esto significa que quienes intervienen en la investigación preliminar deben respetar el principio de confidencialidad. Sólo las personas expresamente autorizadas por el Arzobispo podrán tener acceso a la información o documentos relacionados con las acusaciones de abuso sexual contra un menor por parte de un clérigo (cfr. art. 10, b).

1.7. En caso de denuncia de delito sexual contra un menor por parte de un clérigo presentada ante la autoridad civil, toda eventual asesoría jurídica ante los tribunales del Estado será responsabilidad exclusiva del clérigo acusado. Ni siquiera a título privado el acusado podrá hacer uso de abogados o asesores jurídicos que tengan vínculos laborales con la circunscripción eclesiástica.

2. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES DURANTE EL PROCESO

2.1. Sin menoscabo del principio de presunción de inocencia, el Arzobispo, dentro de los parámetros establecidos por la ley universal, podrá imponer durante el proceso de investigación preliminar las medidas cautelares necesarias para salvaguardar el bien de la Iglesia y el de las personas involucradas en los hechos (cfr. CIC, c. 1722 y SST19).

Incluso antes de recibir las conclusiones de la investigación previa, si el Arzobispo, tras haber consultado al Promotor de Justicia, concluye que la acusación de abuso sexual contra un menor resulta creíble, impondrá las medidas cautelares necesarias para evitar que el clérigo acusado pueda reincidir en las conductas delictivas que se le imputan.

Las medidas cautelares deberán notificarse por medio de decreto arzobispal al clérigo acusado (CIC, cc. 47-58).

2.2 De acuerdo a lo establecido en el derecho universal(cfr. c. 1722), las medidas cautelares pueden ser:

a) La suspensión del clérigo del ejercicio del ministerio sagrado y/o de un oficio o cargo eclesiástico.

b) La imposición o prohibición de residir en un lugar o territorio determinado.

c) La prohibición de la celebración pública de la Eucaristía mientras se espera el resultado definitivo del proceso canónico (cfr. CIC, c. 1722).

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

3.1. Los investigadores nombrados por el Arzobispo tienen los mismos poderes e idénticas obligaciones que el auditor en un proceso (cfr. CIC, c.1717, 3). Su misión es la de recoger, en la medida de lo posible, toda la información necesaria para valorar la credibilidad de la denuncia (personas involucradas, lugares, fechas, hechos relevantes, eventuales testigos y otros medios de prueba).

3.2. Los investigadores se entrevistarán con la persona o personas que hayan presentado acusaciones, con la víctima (si las acusaciones han sido cursadas por otras personas), con el acusado y con cualquier otra persona que pueda ayudar a clarificar los hechos a los que se refieran las acusaciones. A todos se recordará el derecho de contar con asesoría jurídica.

3.3. Los investigadores y aquellos a quienes entrevisten firmarán un informe escrito de cada entrevista, con todos los datos oportunos (nombre del declarante y de quien recibe la declaración, lugar, fecha, hechos, circunstancias importantes, etc.).

3.4. Si la víctima es aún menor de edad, los investigadores juzgarán si resulta apropiado entrevistarla o no. En caso afirmativo, deberán solicitar primero el consentimiento expreso de sus padres o de sus representantes y la entrevista tendrá lugar en presencia de ellos.

3.5. Antes de entrevistar al acusado, se le ha de informar sobre las acusaciones presentadas contra él, dándole la posibilidad de responder. Se tendrá en cuenta que no tiene obligación de confesar el delito, ni puede pedírsele juramento (cfr. CIC,c.1728, 2).

4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. ACTUACIÓN JURÍDICA Y PASTORAL

El Arzobispo deberá asegurarse de que la investigación preliminar se lleve a cabo con el máximo cuidado y celeridad. Todos los pasos seguidos en su desarrollo, incluidas las conclusiones, deberán quedar consignadas por escrito y serán transmitidas al Obispo diocesano. En ellas deberá constar:

• Si las acusaciones resultan verosímiles.

• Si los hechos y circunstancias que aparecen en las averiguaciones constituyen delito sexual contra menor.

• Si el delito parece imputable al acusado.

4.1. El Obispo diocesano, oído el Promotor de Justicia, podrá determinar que se amplíe la investigación. Si, a su juicio, la información resulta completa, procederá mediante Decreto al cierre de la investigación preliminar.

Si las acusaciones no son verosímiles el Decreto Episcopal declarará concluida la investigación y desestimará las acusaciones como carentes de fundamento.

Si las acusaciones son verosímiles y hay por tanto razones para pensar que se ha cometido un delito, en el Decreto de cierre de la investigación previa se ordenará la remisión del caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe (cf. art. 38-42) y se adoptarán, o confirmarán, las medidas cautelares que se consideren necesarias (cfr. art.27).

4.2. El decreto mencionado en el artículo anterior será oportunamente notificado al acusado y a la víctima, si es mayor de edad. En caso contrario, a sus padres o representantes legales.

5. DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SANTA SEDE.

5.1 Si una vez concluida la investigación preliminar, el Arzobispo, tras haber consultado al Promotor de Justicia, concluye que la acusación de delito sexual contra un menor por parte de un clérigo resulta verosímil, notificará el caso con prontitud a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

5.2. Además de otras informaciones que el Arzobispo considere relevantes para el estudio del caso, la notificación a la Congregación para la Doctrina de la Fe deberá incluir:

a) Los datos personales y el curriculum vitae del clérigo acusado.

b) Copia auténtica de toda la documentación recogida durante la investigación preliminar (denuncia, respuesta del acusado, testimonios, documentos, etc.).

c) Las conclusiones de la investigación.

d) Las medidas cautelares que se han adoptado o se piensan adoptar.

e) Información sobre la existencia de eventuales procesos civiles en contra del acusado.

f) Descripción de la notoriedad o de la difusión pública de las acusaciones.

5.3. En caso de presentarse “prescripción” -establecida hoy en veinte (20) años contados a partir del cumplimiento de la mayoría de edad de la víctima- el Arzobispo podrá solicitar a la Congregación para la Doctrina de la Fe una dispensa de dicha prescripción indicando las razones pertinentes (cfr. SST, art. 7).

5.4. A menos que la Congregación para la Doctrina de la Fe,  tras haber sido notificada, asuma directamente el tratamiento del caso, la misma Congregación indicará al Arzobispo la forma de proceder (cfr. SST, art. 16).

5.5. Las disposiciones emanadas por la Congregación serán ejecutadas por el Arzobispo fielmente y con diligencia, sin perjuicio de la posibilidad de informar a la Congregación sobre la existencia de motivos graves o circunstancias nuevas que puedan ocurrir durante el transcurso del proceso penal.

5.6. Cuando se haya admitido o se haya demostrado la perpetración de delito sexual contra un menor, el clérigo infractor deberá recibir una justa pena y, si la gravedad del caso lo requiere, será expulsado del estado clerical (cfr. SST, art. 6; CIC,c. 1395, 2).

5.7. No se readmitirá un clérigo al ejercicio público de su ministerio si éste puede suponer un peligro para los menores o existe riesgo de escándalo para la comunidad (cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Circular del 3 de mayo de 2011, III, i).

5.8. La dimisión del estado clerical podrá ser solicitada voluntariamente por el infractor en cualquier momento. En casos de excepcional gravedad, el Arzobispo podrá solicitar al Santo Padre la dimisión del sacerdote o diácono del estado clerical pro bono Ecclesiae, incluso sin el consentimiento del acusado. Del mismo modo, el clérigo infractor podrá solicitar la dispensa de las obligaciones del estado clerical, incluido el celibato(cfr. SST, art. 21, 2, 2º).

1 Juan Pablo II. Discurso en la reunión interdicasterial con los Cardenales de Estados Unidos. 23 de abril de 2002.

Anexo 2

https://view.publitas.com/semanario/anexo-2-proteccion-a-menores/

DIRECTORIO ARQUIDIOCESANO

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